31 de Agosto del 2015

Poner al centro del debate los temas estructurales

Lugar: 
PerúNacional
Autor: 
Fernando Eguren

Diferentes encuestas de opinión nos hacen saber que la ciudadanía percibe que los tres grandes problemas del país son la corrupción, la inseguridad ciudadana y la pérdida de dinamismo de la economía (agravada por un probable fenómeno de El Niño fuerte). Y vaya que lo son. Peor aún: hay un extendido sentimiento de desaliento, pues existe una opinión casi consensuada de que este gobierno no tiene ni la iniciativa ni la capacidad de enfrentarlos y que tampoco lo harán los tres probables candidatos con más opciones de ganar las próximas elecciones presidenciales.

Una mirada más atenta nos conduce a considerar que, en realidad, esos tres problemas son síntomas de problemas estructurales de fondo que son poco tratados en los medios de comunicación masiva y, por tanto, llaman menos la atención de la opinión pública. Tampoco son materia de análisis y debate de la clase política, pues el enfrentamiento a los problemas estructurales demandaría cambios sustanciales en el modelo neoliberal, a los que no está dispuesta.

Uno de estos problemas estructurales es el mantenimiento —cuando no la profundización— de la desigualdad social y económica. Una de las razones de esta desigualdad es la diferencia en la productividad del empleo entre los distintos sectores económicos. La menor productividad promedio corresponde a los empleos agrícolas y la más alta a la minería, seguida a la distancia por la manufactura1 . Ahora bien, dentro de cada uno de estos sectores económicos hay grandes diferencias de productividad en el empleo, como puede entenderse fácilmente al comparar una moderna corporación agroexportadora intensiva en capital con la agricultura campesina altoandina. Hay manera de reducir estas brechas mejorando los entornos socioeconómicos en los que opera la pequeña agricultura (inversión en infraestructura vial y otras; acceso a energía eléctrica y a otros servicios públicos; asistencia técnica; acceso a créditos; etc.).

Pero también hay manera de reducir las desigualdades distribuyendo mejor la propiedad o el control sobre los activos productivos básicos, incluyendo los minerales y los hidrocarburos (una forma sería incorporar a las comunidades como copropietarias de las industrias extractivas, lo que recientemente ha suscitado un cierto interés). En el caso del sector agrario, los dos activos principales —tierra y agua— pueden ser también mejor distribuidos. Como se conoce, en las últimas dos décadas ha ocurrido todo lo contrario: ha habido un rápido proceso de concentración de la propiedad sobre la tierra —y del acceso al agua— en la costa, gracias, principalmente, a la propia decisión de los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, al facilitar la entrega de las nuevas tierras irrigadas —más de 150 000 hectáreas— a grandes inversionistas, sobre todo corporaciones.

Es deseable y necesario que, a medida que se acerca el periodo electoral, estos temas estructurales pasen a ser parte del debate público: los ciudadanos debemos exigir de los candidatos claras posiciones sobre ellos. En este sentido, ojalá que el lanzamiento de la joven congresista Verónika Mendoza como precandidata a la presidencia por un sector de la izquierda cumpla un papel catalizador.