04 de Diciembre del 2014

Una revolución de derechos

La aplicación del derecho a la alimentación a nivel nacional en América Latina y el Caribe.
Lugar: 
America LatinaRegional
Autor: 
Olivier de Schutter
Archivos Adjuntos: 
PDF icon SRRTF BN06_LAC_es.pdf

24 Estados protegen el derecho a la alimentación en sus constituciones,  y 15 de esos Estados se encuentran entre los 33 Estados de América Latina y el Caribe (2011). Nuestra situación aparentemente es beneficiosa, pues contamos con una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y una Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, sin embargo esto se ve perjudicado por la ausencia del derecho a la alimentación a nivel constitucional, así como la ausencia de reglamentos.

 

El presente documento menciona los compromisos políticos y las experiencias de fortalecimiento del marco normativo y analítico en diversos países como México, Brasil, Honduras, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Nicaragua, entre otros. Países en los cuales, de alguna u otra manera, se ha insertado el derecho a la alimentación en el marco constitucional. En el caso de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, también ha sido adoptada por varios países de la región, conjuntamente con Estrategias Nacionales y Programas sociales, para la realización del derecho a la alimentación.

 

No obstante, como sucede en el Perú, no existen instituciones de monitoreo o evaluación de las decisiones o actividades realizadas, lo cual demuestra que la voluntad política no es suficiente. La voluntad política es traducida como un simple “deseo” pues no se cuenta con las instituciones precisas para el seguimiento y evaluación de las leyes, estrategias y programas creados, en marco al derecho a la alimentación. Sumado a ello, presenciamos una desarticulación entre ministerios y sectores, característica de un Estado y su aparato administrativo deficiente.

 

El problema radica en que aun falta crear conciencia en la población de un tema tan delicado para que ella reclame su derecho a la alimentación y que este sea considerado como un derecho real, pues está garantizado por organismos internacionales. Esto compromete a la clase política, pues debe colocar los derechos fundamentales por encima de sus intereses personales y económicos, debe considerar el bien común antes que el interés privado de pocas transnacionales.

 

Resumen

 

Este documento se centra en cómo los países de América Latina y el Caribe han buscado implementar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada dentro de sus jurisdicciones. El resultado mencionado es que los países de la región están en muchos aspectos a la vanguardia en la integración del marco jurídico y normativo del derecho a la alimentación en las políticas y programas para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria; sin embargo el derecho a una alimentación adecuada sigue sin realizarse para una gran proporción de las personas que viven en la región. El documento menciona experiencias de varios países.

 

La situación en algunos países demuestra que el hecho de que el derecho a la alimentación sea reconocido explícitamente en sus constituciones nacionales es considerada como evidencia de la voluntad política para hacer efectivo el derecho a la alimentación; sin embargo estas disposiciones no son suficientes y deben ser complementadas por leyes y reglamentos secundarios que detallen los mecanismos y responsabilidades para hacer el derecho efectivo , incluyendo los mecanismos de monitoreo y los recursos jurídicos y administrativos en caso de que se produzcan violaciones, complementados a su vez por estrategias nacionales y planes de acción SAN.

 

Finalmente el documento advierte que son necesarias las asignaciones de recursos y la focalización de los programas, una coordinación eficaz entre los órganos de ejecución que incluyan a la sociedad civil y a los movimientos sociales para garantizar que la ley sea efectiva, sostenible y respetada; y sobre todo resalta la necesidad de crear conciencia sobre el derecho a la alimentación como un derecho real garantizado en virtud de leyes nacionales y tratados internacionales de los derechos humanos.

 

Componente: 
Institucionalidad