10 Nov 2016

La revalorización del campesino

Para contextualizar la situación de la pequeña agricultura y la agricultura familiar en nuestro país, debemos comenzar citando algunas cifras fundamentales.
Autor: 
Jaime Urrutia
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Para contextualizar la situación de la pequeña agricultura y la agricultura familiar en nuestro país, debemos comenzar citando algunas cifras fundamentales. En el cuadro 1 podemos apreciar los datos que reúne el Censo Agropecuario de 2012.

Como se sabe, nuestro agro conforma una realidad de pequeñas UA —incrementadas en el periodo intercensal 1992-2004 en más de 500 000 nuevas UA— que emplean al 79 % de la PEA del sector agropecuario.

Al margen de discutir sobre estas cifras, lo importante es señalar que la pequeña agricultura «para la olla» de nuestro país; en palabras más finas: es fundamental en el mercado interno por su papel en la provisión de alimentos. Pero no se trata solo de producir alimentos; es también evidente que este mundo de pequeños propietarios mantiene la biodiversidad y realiza prácticas adecuadas para evitar el deterioro ambiental, como observamos en los datos censales. del cuadro 2: más de la mitad no utilizan insumos químicos..

La gran mayoría de las UA ha recibido la tierra por herencia, y una alta proporción de sus titulares (41 %) sale en busca de trabajo fuera de su propiedad. Por otro lado, ha disminuido el número de parcelas por UA, aunque estas han aumentado en cifras absolutas entre 1994 y 2012. 

La titulación plena de este universo está aún pendiente, como lo está también el diseño de políticas específicas de apoyo a la agricultura familiar. Dos carencias, entre otros factores, limitan el desarrollo de estas unidades: la primera es la ausencia casi absoluta de asistencia técnica (5 % de las UA dicen haberla recibido), pues desde hace varios años la red pública de apoyo luce desmantelada, siendo descartados los promotores y técnicos pertenecientes a ella. El otro gran limitante es el corto acceso al crédito agropecuario (9 % de UA dicen haberlo gestionado), lo que puede explicarse en las respuestas de los mismos agricultores que figuran en el cuadro 3.

Altos intereses, falta de garantía y trámites engorrosos resumen las limitaciones para obtener un crédito.

Tomemos como ejemplo el programa Sierra Exportadora, ampliado hace poco al ámbito de la selva a través de una de las primeras medidas del gobierno actual. Este programa considera «el desarrollo de economías competitivas», «que generen productos con valor agregado y reúnan los estándares requeridos, tanto para el mercado interno como para el de exportación», mediante «la transferencia tecnológica y adopción de nuevas tecnologías que permitan el aumento de la productividad y competitividad».

Se supone que este programa debería incidir, sobre todo, en el universo ampliamente mayoritario de pequeñas UA, para el cual resulta clave generar valor agregado. Pero productividad y competitividad se convierten en palabras huecas si no se adoptan políticas públicas que apunten a conseguir estos objetivos. Por ello, si existiera voluntad política de apoyo a la pequeña agricultura, entonces dos retos resultan fundamentales: implementar una red de asistencia técnica generalizada y apuntalar mecanismos de acceso al crédito para fines agropecuarios. Recordemos que, para muchos analistas, la liquidación del Banco Agrario obedeció a una decisión política (por no decir ideológica) y no a su quiebra, como arguyen algunos. La importancia y el éxito de la oferta de créditos de monto menor y con bajos intereses quedan fuera de duda.

En plena campaña electoral, el actual presidente afirmó en un mitin en Trujillo: «Vamos a tecnificar, modernizar y facilitarle a los agricultores del país el acceso al crédito agrario poniendo especial énfasis en el desarrollo productivo de la sierra y la Amazonía [...]. Necesitamos una política agraria mucho más tecnificada, agresiva y de asistencia para los pequeños y medianos agricultores, porque el grueso de la pobreza está en el agro».

Esas palabras —que, suponemos, resumen la voluntad del gobierno— deben traducirse en la implementación de políticas agrarias que superen la monovisión hegemónica vinculada a la agroexportación. Sin embargo, a pesar de las críticas esgrimidas contra la priorización de la inversión pública en la construcción de represas costeñas, el objetivo de lograr un «agro próspero», según el plan propuesto por el actual gobierno, incluye la promoción de la inversión mediante el desarrollo de los grandes proyectos de riego ya en ejecución, como Majes-Siguas, Chavimochic, Alto Piura, Olmos y Pasto Grande; la iniciación de los proyectos de Puyango-Tumbes, repotenciación de Chira-Piura, Chonta en Cajamarca y Ancascocha en Ayacucho; mientras que, para la sierra, además de incrementar la «cosecha de agua» en cabeceras de cuenca, se sostiene la difícil y casi utópica propuesta de rehabilitación de 100 000 hectáreas de andenes.

De hecho, las críticas a las propuestas del gobierno no han tardado en aparecer. Una reciente columna editorial (del 5 de agosto) del diario El Comercio, titulada «La locomotora agraria», resume la oposición de este influente medio de comunicación a las propuestas realizadas por el ministro de Agricultura y a su anuncio de «convertir el agro en la locomotora del desarrollo nacional» orientándose a «apoyar a los pequeños agricultores», en concordancia con el Plan de Gobierno preparado por el partido ganador de las elecciones presidenciales.

El Comercio cita —casi literalmente— la opinión del portal Lampadia, según la cual es un mito la concentración de tierras en el Perú. Por supuesto, solo menciona el número de UA de pequeña dimensión, sin hacer referencia a la extensión poseída: el 2 % de UA con más de 50 ha poseen el 39 % del área agrícola del país (2 791 057 ha). Pero la crítica central de este editorial se dirige a la canalización de fondos públicos para permitir el acceso al crédito a los pequeños y medianos agricultores. El editorial se remite, una vez más, a la «ineficiencia» del Banco Agrario como ejemplo nefasto del gasto público, clausurando con ello la intervención del Estado en este ámbito.

Además de la inversión pública en la construcción de grandes represas, ¿alcanzarán los recursos del sector para cumplir con los objetivos señalados en el mismo Plan de Gobierno de apoyo a la agricultura familiar, que incluye promover la asistencia técnica, la titulación masiva de un millón de predios rurales agrarios, la innovación con nuevas tecnologías y la ampliación de crédito a pequeños productores? Esperemos que el apoyo a la agricultura familiar —es decir, al campesinado— se convierta en realidad, aunque el camino para vencer subjetividades e intereses no será de tránsito fluido.

Nota

1   Jaime Urrutia, antropólogo. Investigador del IEP.