10 Nov 2016

Cooperativismo, comunidades y minifundio: el Bajo Piura, cuarenta años después de la reforma agraria

El valle del Bajo Piura ha pasado por importantes transformaciones en las últimas cuatro décadas; la reforma agraria marcó el punto de partida de dichos cambios
Autor: 
María Luisa Burneo de la Rocha
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El valle del Bajo Piura ha pasado por importantes transformaciones en las últimas cuatro décadas; la reforma agraria marcó el punto de partida de dichos cambios. En los años siguientes —y hasta nuestros días— se ha hablado mucho de los impactos económicos de este proceso, pero muy poco de los sociales y políticos; esto es, de lo que significó para la vida de cientos de familias campesinas y sus organizaciones.

En la costa de Piura, en el momento de la implementación de la reforma, se daba una confluencia particular, pues, a diferencia de lo que acontecía en otras zonas del país, allí coexistían haciendas —que contaban con peones asalariados— con las grandes comunidades campesinas del bosque seco, como San Juan Bautista de Catacaos y San Lucas de Colán, cuya existencia se remonta al periodo colonial (en tanto que su inscripción como comunidades indígenas data de la década de 1940). Desde la segunda mitad del siglo XIX, el latifundio había avanzado sobre algunas zonas de estos grandes territorios comunales, lo que daría lugar a la formación de algunas haciendas algodoneras. Además, en la zona se había conformado un importante movimiento campesino organizado alrededor de la Federación Campesina de Piura (Fedecap); y allí mismo, desde inicios de la década de 1970, tenían presencia partidos de izquierda, en particular Vanguardia Revolucionaria y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, los cuales, aunque con distintas posturas sobre la reforma, estuvieron involucrados en esta.

El proceso de aplicación in situ de la reforma agraria en la costa de Piura se inició hacia el año 1973, y dio origen a algunas de las grandes cooperativas comunales de producción del Bajo Piura, en cuya formación jugaron un rol preponderante las comunidades y el movimiento campesino. Por tanto, este no fue un proceso llevado solo desde el Estado —a través de Sinamos—, sino que implicó constantes negociaciones y acuerdos entre diversos actores políticos. En el caso de las tierras expropiadas a las haciendas de esta zona, para las comunidades se trataba más de una «devolución de las tierras» que de una adjudicación de tierras a los trabajadores permanentes. De esta forma, los adjudicatarios se convirtieron, al mismo tiempo, en socios cooperativistas y en miembros de la comunidad, inscribiéndose como comuneros. Este proceso no fue sencillo ni estuvo libre de tensiones; sin embargo, generó una gran movilización en el espacio político piurano, en donde las comunidades se posicionaron como actores clave, dando partida de nacimiento a una figura particular: las cooperativas comunales de producción (CCP).

Lo anterior llevó a que las comunidades repartieran tierras a los comuneros sin tierra y a los trabajadores eventuales que no se habían visto beneficiados por la reforma agraria. Un caso emblemático es el de la comunidad campesina de Catacaos, que creó las llamadas unidades comunales de producción (UCP), forma colectiva de propiedad y de gestión de la tierra, que amplió la frontera agrícola comunal a costa de trabajo y esfuerzo de sus propios miembros. Mediante esta figura, se distribuyeron tierras comunales que beneficiaron a cientos de familias comuneras socias de las UCP —hoy posesionarias individuales—, con lo que se dio paso a la reconfiguración de la tenencia de la tierra en el Bajo Piura.

Por todo ello, para los campesinos, comuneros y quienes fueran los trabajadores adjudicatarios de las haciendas, la reforma agraria transformó sus vidas, permitiéndoles el acceso a la tierra. Además, para las comunidades significó una reivindicación: el gobierno militar, al devolverles las tierras bajo la forma de las CCP, las estaba reconociendo como legítimas propietarias, lo que significaba la admisión de que les habían sido usurpadas por los terratenientes. Aun con los desacuerdos que surgieron acerca de la administración de las cooperativas, la reforma dejó una huella en el imaginario comunal, que representa un periodo de reconocimiento y movilización campesinas que les daría fuerza como institución.

Sin embargo, al iniciarse la década de 1980, un conjunto de factores llevaría a las CCP hacia la fragmentación y, en paralelo, el debilitamiento de la estructura comunal. Esta década se inicia con la promulgación del Decreto Legislativo N.o 2, norma que formalizó un proceso de parcelación que resultaría irreversible. A los problemas internos en la gestión de las CCP se sumaría la caída, entre 1980 y 1984, del precio del algodón en el mercado internacional —que perjudicó en forma directa a las cooperativas—, y los impactos del fenómeno El Niño, de 1983, que devastó Piura y dejó inmensas pérdidas. La crisis atravesada llevaría a las cooperativas —y, posteriormente, a las UCP— a la parcelación de la tierra y a su distribución entre los socios comuneros, quienes, a pesar de ello, se mantendrían agrupados por sectores para la gestión colectiva de créditos y compras de insumos. Esta situación se mantuvo hasta la disolución del Banco Agrario en 1992 —ya durante el régimen fujimorista—, para dar paso a una gestión individualizada de la tierra y a la pérdida progresiva de la organización colectiva.

Al igual que la comunidad de Catacaos —una de las más grandes y representativas de Piura—, otras comunidades del bosque seco reciben también la década de 1990 debilitadas por la crisis económica e institucional de la década anterior. Con la (nueva) Constitución de 1993 —que elimina la condición de inalienabilidad de las tierras de las comunidades—, la Ley 26505 (llamada Ley de Tierras de 1995) —que liberaliza el mercado de tierras comunales— y el inicio del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) —que empadronó comuneros para otorgar títulos individuales dentro del territorio comunal—, se profundizó la división y el debilitamiento de las comunidades. Así, en la segunda mitad de esa misma década, se dan incluso casos de traspasos irregulares y ventas ilegales de tierras a personas ajenas a la comunidad, debido a la actuación de algunos comuneros y dirigentes inescrupulosos. Todo ello se entrelaza con situaciones que trascienden a las comunidades, pero que las atañen en forma directa, como la falta de apoyo a la pequeña agricultura (desregulación de precios, ausencia de créditos y asistencia técnica), la expansión urbana (que empieza a requerir lotes de terreno en un proceso desordenado, sin planificación, por parte de los gobiernos locales), la presión sobre la tierra (generada por el avance de inversiones privadas), entre otras.

Luego de este breve recorrido histórico, sería muy simplista afirmar que la situación actual de las comunidades y de un sector de los pequeños agricultores de esta zona tiene por causa una «mala gestión de las cooperativas». El proceso debe ser enmarcado y analizado en un contexto institucional, político y económico mayor.

En años más recientes, en distintas zonas de Piura, han surgido nuevas formas y experiencias de asociatividad —es el caso de las centrales de productores de café y de banano orgánico—, producto de la búsqueda de una salida a las dificultades originadas en décadas anteriores. Sobre la base de pequeñas unidades agropecuarias agrupadas en organizaciones de productores diversas, canalizando recursos de la cooperación internacional y gestionando alianzas, esas organizaciones han logrado articulaciones comerciales muy dinámicas y están colocando su producción en el mercado nacional e internacional con relativo éxito. Estas nuevas formas de organización y dinámicas comerciales, que involucran a miles de familias de pequeños productores dueños de sus tierras, son también resultado de una historia que no hubiese sido tal sin la transformación de la estructura de propiedad de la tierra que produjo la reforma velasquista.

En el caso particular de los pequeños productores y comuneros del Bajo Piura, muchos de ellos siguen luchando por salir adelante, sin contar con acceso a ningún apoyo estatal. Durante años, la política agraria de los sucesivos gobiernos ha estado orientada más bien a promover grandes inversiones privadas, las que se han visto favorecidas por beneficios tributarios, irrigaciones subvencionadas y subastas de tierras eriazas a «precios módicos». Se han formado, así, en manos de inversionistas privados y corporaciones, nuevos latifundios, más grandes incluso que las antiguas haciendas de la costa piurana. No se conoce, sin embargo, su impacto real en la economía regional, ni su articulación (o no) con los pequeños productores, ni el tipo de relaciones laborales que se están estableciendo, ni cuáles son los impactos ambientales. En este panorama, frente a la situación de las comunidades y la actual presión sobre el territorio, hace aproximadamente una década han surgido intentos por fortalecer estas instituciones en un nuevo contexto que presenta retos muy complejos. La plataforma Cecobosque, por ejemplo, articula a un conjunto de comunidades del bosque seco bajo una agenda que agrupa temas de desarrollo productivo, seguridad jurídica de las tierras, reconocimiento de derechos comunales y defensa del territorio, gestión ambiental y servicios ecosistémicos.

Es difícil generalizar ante situaciones heterogéneas. Algunos de los excooperativistas que lograron ahorrar y comprar más tierras durante las «buenas épocas del algodón», pudieron educar a sus hijos gracias a ello y aún tienen a la agricultura como fuente principal del ingreso familiar. Otros, en cambio, atravesaron una situación complicada que, ante la falta de acceso a crédito formal, los llevó en ocasiones a pedir dinero a prestamistas informales y a pagarles altísimos intereses, con la consecuencia de obtener muy bajas ganancias y generar un círculo vicioso de pobreza. Hay quienes innovaron cultivos en busca de nuevos mercados, con mayor o menor éxito; y si bien miles de pequeños continúan trabajando en forma individual, otros se asociaron y formaron nuevas organizaciones, con resultados interesantes. Dentro de esta diversidad, sin embargo, hay un elemento común que es fundamental: todos ellos son ciudadanos, son dueños de sus tierras. Paradójicamente, en un escenario de escaso apoyo a la pequeña agricultura, los agricultores con menos recursos y menor posibilidad de obtener ganancias suficientes de sus parcelas, se ven obligados a volver a ser peones asalariados —esta vez, de la agroindustria—, en condiciones muy poco deseables y con escasa o nula regulación estatal. 

Nota

1 Antropóloga, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos.